A propósito del incremento de un 119 por ciento en el indice de divorcios del Ecuador, la psicóloga y máster en intervención psicosocial Andrea Rodal se refiere a estos casos y explica que sus estudios de investigación han evidenciado que en general este fenómeno ha dejado de ser un hecho traumático a nivel social.
Aclara que se trata de “un evento doloroso, pero no traumático”.
Según las cifras publicadas en el Anuario de Estadísticas de Matrimonios y Divorcios del INEC, Azuay es una de las provincias con mayor indice de divorcios del país.
La psicóloga especializada en temas de divorcio insiste en que es importante comparar el indice de divorcios con la cantidad de matrimonios que hay por región. “Es más común la unión libre en la región de la Costa y más común el matrimonio en ciudades como la nuestra, por lo que estas estadísticas sólo revelan un dato legal y no una muestra social”, agregó.
Si comparmos las estadísticas del INEC, en la provincia del Azuay el número de divorcios por cada 10.000 habitantes es de 22. En cambio la tasa de nupcialidad es de 48,6 matrimonios por cada 10.000 habitantes.
Para Rodal, la estigmatización y el rechazo de la sociedad cuencana a las personas divorciadas a reducido porque los nuevos discursos religiosos son más tolerantes ante esta opción.
Coyunturalmente, en el país está en vigencia el Código Órganico General de Procesos que permite la disolución conyugal sin la intermediación de una demanda, sino de mutuo acuerdo, lo que ha acelerado un estos procesos (RET) (I).
Se trata de uno de los golpes más grandes contra las redes que trafican migrantes a través del continente americano: una operación que se extendió por casi una docena de países de América Latina y se saldó con 49 arrestos.
Bautizada como “Operación Andes”, la misma permitió identificar transacciones financieras por el orden de los US$2 millones vinculadas a este tráfico.
En Nicaragua, la policía también rescató a 22 migrantes de origen africano y haitiano que habían sido abandonados por sus traficantes.
Las autoridades de República Dominicana hicieron lo mismo con 30 víctimas potenciales de tráfico de personas con fines de explotación sexual, en su mayoría mujeres venezolanas.
Los otros países donde se registraron acciones fueron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Perú.
Las actividades fueron coordinadas por Interpol desde Buenos Aires, donde este martes se hicieron públicos los detalles.
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“Durante la Operación Andes (del 27 al 30 de noviembre), agentes a lo largo de 11 países siguieron pistas y llevaron a cabo casi 44.000 controles en las fronterasaéreas, terrestres y marítimas para identificar e interrumpir las rutas de contrabando”, informó la organización en un comunicado.
Interpol dijo también que la operación estaba especialmente dirigida “contra las redes del crimen organizado detrás de estas rutas”.
La Operación Andes nació luego de una reunión de la Red Operacional Especializada contra el Tráfico de Migrantes de Interpol celebrada en Colombia en febrero de este año y 31 de sus 49 arrestos se produjeron durante la fase pre-operativa.
“Las autoridades (colombianas) habían reunido pruebas suficientes para creer que las redes de la delincuencia organizada estaban contrabandeando a migrantes del sur de Asia hacia Estados Unidos a través de las Américas”, explicó Interpol.
Y “con otras 13 investigaciones abiertas a lo largo de la región, lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg”, dijo el secretario general de la organización, Jürgen Stock.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionHay migrantes de India, Nepal y Bangladesh que están pagando entre US$15.000 a US$30.000 por viaje.
“Como resultado directo de la Operación Andes, confiamos en que los resultados crecerán en los próximos meses, golpeando a las estructuras criminales que buscan beneficiarse de las vulnerabilidades de los demás“, prometió Stock.
En Chile, por ejemplo, las autoridades descubrieron a varios migrantes de Bangladesh que utilizaron documentación falsa, proporcionada por los traficantes, para tratar de hacerse pasar por tripulantes de un barco de carga para gestionar visas temporales.
“A raíz de eso, Interpol publicó una Alerta Púrpura que alerta a los países miembros sobre este modus operandi”, explicó la organización en su comunicado.
Además, el reforzamiento de los controles y vigilancia fronterizos durante la operación también permitió “una serie de arrestos adicionales, que indican que los grupos del crimen organizado se estaban beneficiando de una convergencia de delitos y utilizan las mismas rutas para varias actividades ilícitas”, agrega.
Lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg”.
Jürgen Stock, INTERPOL
En Colombia, la policía arrestó a seis israelíes y dos colombianos por facilitar el paso de delincuentes sexuales viajantes y por explotar a mujeres y niñas jóvenes.
Mientras que en El Salvador, un hombre fue arrestado por cargos de posesión de material de abuso sexual infantil, con conexiones a un grupo más amplio que intercambia las imágenes a nivel internacional.
Hasta US$30.000
La operación permitió revelar que hay migrantes de India, Nepal y Bangladesh que están pagando entre US$15.000 a US$30.000 por la promesa de llegar a Estados Unidos, lo que muchos financian con la venta de sus casas.
Y la importancia de la frontera entre EE.UU. y México como punto de entrada de la migración ilegal que llega de fuera del continente también quedó de manifiesto.
Los arrestos se produjeron en medio del aumento de la tensión por las políticas migratorias estadounidenses en su frontera con México.
Derechos de autor de la imagenAFPImage captionUn migrante se entrega a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos después de cruzar la valla en su frontera con México.
El tema de la inmigración, especialmente a través de la frontera sur, se ha vuelto uno de los más importantes de la presidencia de Donald Trump.
El mes pasado, Trump envió a casi 6.000 soldados a dicha frontera para tratar de evitar la entrada de una “caravana de migrantes” en ruta desde Centroamérica y firmó un decreto que negaba el derecho de asilo para aquellos que cruzaran la frontera ilegalmente, medida que fue bloqueada temporalmente por un juez federal.
Y, esta semana, el gobierno de EE.UU. se enfrenta a la posibilidad de un cierre parcial como resultado de la falta de acuerdo sobre el presupuesto, pues el partido Demócrata no parece dispuesto a financiar los planes de Trump para construir un muro en la frontera con México.
A través de Twitter el presidente estadounidense dijo que la inmigración ilegal le cuesta a Estados Unidos US$200.000 millones al año. “¿Cómo se permite que esto pase?”, se preguntó.
